Juez abre proceso contra exprocurador por caso Ayotzinapa

A 8 años de Ayotzinapa, Murillo Karam será acusado de desaparición forzada  y tortura; ameritan prisión preventiva oficiosa — Amapola

CIUDAD DE MÉXICO Un juez abrió el miércoles un proceso penal contra el ex procurador general mexicano Jesús Murillo Karam por el caso de la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur del país ocho años atrás.

Tras una audiencia que se prolongó por más de seis horas, el juez decidió vincular a proceso a Murillo Karam por los delitos contra la administración de justicia, tortura, y desaparición forzada, alegando que hay “indicios pertinentes idóneos y lícitos” suficientes, y una conducta dolosa. El juez desacreditó los planteamientos de la defensa.

La decisión se dio horas después de que Murillo Karam admitió ante el juez que hubo “errores”, problemas y cosas que se hicieron mal en el proceso, al tiempo en que defendió la llamada “verdad histórica” asegurando que nadie ha podido presentar otra versión sobre la desaparición de los 43 estudiantes, un caso que conmocionó a México y que trascendió a nivel internacional al mostrar los males que aquejan al país como son la violencia, el narcotráfico y la corrupción de las autoridades.

Desde hace seis o siete años han buscado una alternativa, han inventado muchas y todas se caen”, afirmó el exprocurador, vestido de chamarra y pantalón beige, tras criticar las actuaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense. Recordó que fue ese grupo el que escogió el lugar y los restos óseos a analizar. 

La segunda audiencia del exprocurador se inició a las 9.20 de la mañana en una sala de la cárcel donde está recluido desde la semana pasada. En la audiencia estuvieron presentes además de su defensa, los fiscales, familiares de los estudiantes y representantes de los medios de comunicación.

La defensa de Murillo Karam se concentró en debilitar las pruebas de la Fiscalía alegando que no tiene “indicios razonables” para abrir el proceso. En su intervención la defensa solicitó al juez que se excluyan del proceso las conferencias de prensa que ofreció Murillo Karam en las que habló sobre la desaparición de los 43 estudiantes, con el argumento de que van contra el derecho a la no autoincriminación del acusado y porque el Ministerio Público “descontextualizó” las declaraciones.

En relación con la controvertida “verdad histórica” que creó Murillo Karam, su defensa afirmó que fue un “concepto jurídico” y no una “confabulación” del exfuncionario.

Al refutar los tres cargos por los que fue detenido el exprocurador, la defensa alegó que el delito de tortura había prescrito y que el cargo por desaparición forzada estaba basado en la ley que entró en vigor después de los hechos. Asimismo, aseguró que no había indicios suficientes sobre manipulación de las pruebas.

Por su parte, uno de los fiscales insistió en utilizar las conferencias como elemento de prueba y dijo que Murillo Karam habló a la prensa sobre testimonios de detenidos que se dieron a conocer después, lo que aseguró que demostraría que sí conocía de las torturas que se emplearon para obtener esas declaraciones. También cuestionó a la defensa del exprocurador señalándola de utilizar documentos de la extinta Procuraduría General que sostuvo que fueron adaptados a la llamada “verdad histórica”.

El fiscal afirmó que el cargo de tortura no prescribe, según los estándares internacionales, y que la desaparición aún continúa, por lo que la ley actual es aplicable.

Murillo Karam fue detenido el 19 de agosto por el departamento que él mismo dirigió de 2012 a 2015 y está acusado por la Fiscalía Federal de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia al crear una versión falsa sobre la desaparición de los jóvenes.

En 2014, ante la presión pública para que se aclarara un caso que generó conmoción dentro y fuera de México, Murillo Karam calificó como “verdad histórica” su versión de los hechos: que los jóvenes fueron capturados por policías locales y entregados a criminales y que éstos los mataron, los quemaron en un basurero y arrojaron sus restos a un río.

Sin embargo, aunque se identificó a tres estudiantes a partir de huesos calcinados, un grupo de expertos internacionales y la actual fiscalía mexicana echaron por tierra la versión del basurero, confirmaron que en el crimen participaron fuerzas de seguridad y militares, que hubo manipulación de pruebas y de escenarios y que se torturó a decenas de detenidos, lo que unido a otras irregularidades derivó en que muchos de los procesados quedaran en libertad.

Más temprano, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, durante su conferencia matutina, que espera que todos hablen en el juicio y que “si dicen que no es nada más Murillo Karam, pues que Murillo Karam diga quién le dio la orden”. 

López Obrador se quejó nuevamente del retraso de Israel en la extradición de Tomás Zerón, exjefe de la investigación de la extinta Procuraduría y subalterno de Murillo Karam, quien enfrenta cargos por tortura en el caso de los 43 normalistas y afirmó que las autoridades israelíes “no pueden estar protegiendo a personas así”.

En una primera audiencia un día después de su captura en la Ciudad de México sus abogados intentaron que siguiera el proceso en arresto domiciliario con el argumento de la mala salud del exfuncionario, de 74 años. Pero el juez se negó alegando que existía riesgo de fuga y desde entonces se encuentra recluido en una cárcel del norte de la capital.

En un informe presentado la semana pasada la Comisión de la Verdad fue más allá al calificar lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 -durante el gobierno de Enrique Peña Nieto- como un “crimen de Estado” organizado “desde el más alto nivel” y que se ocultaron los vínculos de las autoridades con los criminales y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los estudiantes.

Según medios locales que tuvieron acceso a la primera audiencia el fin de semana, los fiscales dejaron en claro que hay pruebas suficientes que acreditan que Murillo Karam inventó su versión para cerrar el caso cuanto antes y dijeron que esa “verdad histórica” se ideó en una reunión con otros altos funcionarios.

Entre otras evidencias destacaron que la versión del basurero presentada a la prensa estuvo basada en declaraciones de personas, que fueron torturadas, antes de que éstas rindieran su declaración formal.

La fiscalía ha emitido 20 órdenes de captura contra militares, entre los que hay mandos y personal de los batallones que están situados en Iguala, donde fueron capturados los jóvenes. Además se busca a otros 62 funcionarios, criminales y policías. 

Aunque el móvil del crimen sigue sin estar claro, el informe de la Comisión de la Verdad reactivó la hipótesis de que esté vinculado con el tráfico de heroína en la zona. A ocho años del crimen no hay indicios de que los estudiantes estén vivos y se desconoce cuál fue su destino..(c)..AP

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La corresponsal de The Associated Press en Ciudad de México, Fabiola Sánchez, contribuyó con esta nota.

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