Los bancos obligan apagar las hipotecas de viviendas sepultadas por la LAVA con el dinero del consorcio de seguros

Algunos bancos están comunicando a los clientes que han perdido sus viviendas u otras propiedades al ser sepultadas por la lava del volcán de La Palma, en las islas Canarias (España), que deberán pagar la totalidad del préstamo hipotecario que tuvieran contratado con el dinero que les sea ingresado del Consorcio de Seguros.

Diversas familias afectadas han trasladado una queja a las administraciones de la isla al considerar que se trata de una práctica «impropia» de la situación de excepcionalidad que se vive desde la entrada en erupción del volcán de Cumbre Vieja, el pasado 19 de septiembre, con millares de personas desplazadas de sus hogares, muchas de las cuales han perdido incluso su residencia habitual.

De momento se está estudiando la situación para comprobar si es viable llevar a cabo una denuncia individual o colectiva. «Aunque en casi todos los casos el dinero de la tasación no compensa el valor de la vivienda arrasada por el volcán, la entidad bancaria impone el pago del préstamo», indican los denunciantes en eltime.es, un periódico digital de La Palma.

Algunos juristas consideran que la obligación principal del préstamo consiste en un pago determinado y obligatorio mensual, y que solo si no se cumple con ese pago se podría ejecutar la cláusula que hipoteca el bien inmueble y reclamar el importe íntegro adeudado.

Por otro lado, el objeto del seguro es la vivienda, no el préstamo. De manera que una vez desaparecida la propiedad, el cliente sigue teniendo la obligación de pagar el préstamo.

Sin embargo, la versión de los bancos es muy diferente. Consideran que el seguro de hogar se otorgó como requisito 

para conceder la hipoteca y que en él se incluyó una cláusula que sitúa como beneficiario del seguro al propio banco, en el caso de que ocurra una catástrofe.

Desde que comenzó esta situación excepcional, el Consorcio de Seguros ha cubierto el 10 % de los 1.100 expedientes abiertos en la isla, lo que ha supuesto más de 13 millones de euros en indemnizaciones.

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